El apriete de Clarín

Se acaba de conocer que el día Jueves 22 de Noviembre el Grupo Clarín denunció ante la Justicia por incitación a la violencia a los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente, además de a varios funcionarios del gobierno de Cristina.

La incitación a la violencia es delito. No hay nada que decir al respecto.

¿Pero es así, como dice Clarín? No, terminantemente no.

Lo que Clarín denomina como incitación a la violencia es el ya añoso reclamo, no solo de los periodistas denunciados, de que el grupo cumpla con la Ley de Servicios Audiovisuales, (Ley de Medios).

Se adecue, se desprenda de todo lo que le sobra, de todo lo que excede el límite marcado por esta Ley de Medios por la cual hubo mucha gente batallando desde hace 30 años, Ley que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

A esta argumentación le agrega un refuerzo: opinar que la sublevación de Prefectos y Gendarmes fue organizada por Clarín también es cometer un delito, o sea, incitar a la violencia.

Independientemente de lo acertado o no de dicha opinión, que yo comparto, es eso, nada mas (ni nada menos): una opinión.

Y que un grupo editorial, que hace diez años que no permitía actividad gremial en su empresa, actividad amparada por la Constitución y por las Leyes que la reglamentan, que se arroga para sí ser el paradigma de la libertad de expresión, denuncie por opinar a un grupo de periodistas, no nos ubica ante una “incitación a la violencia” si no ante un verdadero hecho de violencia, ya que viola garantías constitucionales, las que protegen la Libertad de Expresión.

Me parece importante volver sobre unas palabras de Cristina dichas no hace mucho: “De aquí al 7 de Diciembre vamos a ver cosas estrambóticas” Esta “incitación a la violencia” sin duda es una de ellas. Indudablemente son cosas estrambóticas, pero los que las hacen no lo son.

El grupo, sus cabezas, sus dueños, Magneto y compañía, en suma, no tienen nada de extravagantes, irregulares y desordenados y si mucho de acostumbrados a la impunidad y hacer lo que se les cante, incluido robar bebes y empresas, además de ser promotores y cómplices de todo golpe de estado que anduviera por nuestras tierras.

Es gente que ha dicho lo que se les ha cantado de Cristina y su Gobierno, desde la simple y legítima critica a la descalificación más abyecta, no solo de la Presidenta, sino también de quienes la apoyamos, ahora denuncia a quienes simplemente hacen, y con mucha altura, lo mismo que ellos: opinar.

Esto, que puede resultar extravagante a un inicial análisis, nos está mostrando lo que realmente son: personas extremadamente peligrosas. Y lo digo porque callaron durante el gobierno de facto, y estaba sucediendo un genocidio. Y callar ante un genocidio no te hace buena persona ni mucho menos defensor de la Libertad de Expresión.

Y no solo callaron, también se beneficiaron, ya que se robaron una empresa en complicidad con ese estado torturador y desaparecedor recibiendo de manera preferencial, también, una profusa publicidad oficial por parte del gobierno criminal de Videla y compañía.

Y no se quedan en la “incitación a la violencia”, si no que intentan llegar más allá: “coacción agravada”. ¿Qué es esto? La coacción agravada es cuando alguien hace “uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.

¿Reclamar que se cumpla la Ley de Medios, puede ser denominado de tal manera? Si es así, ya nunca se podrá reclamar que se cumpla una ley, ya que estaríamos cometiendo un delito, y muy grave, por otro lado.

Estrambótica, sin duda, esta argumentación-acusación, pero ¡ojo! que viene de gente acostumbrada a que con 5 tapas en contra volteaban un gobierno, y si bien ya llevan como mil en contra de Cristina y no lo consiguieron, no quiere decir que no seguirán intentándolo.

Extravagantes y desordenados, pero peligrosísimos. Si lo serán que utilizan una clara y legítima frase de Sabbattella, “La AFSCA va a actuar de oficio después del 7 de diciembre”, frase que está amparada por lo que la Ley de Medios establece, para acusar de que “en la misma línea trazada por el gobierno, (Sabbatella) soslaya el derecho constitucional del grupo Clarín de peticionar a las autoridades y aguardar una decisión del Poder Judicial de la Nación”.

Y desesperados, además.

Sería bueno que el grupo nos aclarara en qué momento no pudieron peticionar a las autoridades o recurrir al Poder Judicial. O decir lo que se les antoja.

Y bueno, por las dudas no voy a exigir que Clarín se adecue a la Ley de Medios, ya que parece ser que eso me convierte en un delincuente.

Mi humilde y total solidaridad con los denunciados.

Cosas veredes, Sancho, que non credere.

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